Los escraches en redes sociales pueden tener consecuencias legales

Info General - 18/02/2020

El juez de Paz de Mocoretá habló con LT7 Corrientes sobre el caso difundido hace 10 días atrás, por el caso de un posteo en Facebook que desató un linchamiento virtual contra la directora de una escuela.

 


Luis Jorge Podestá, titular del Juzgado de Paz de Mocoretá, habló sobre su intervención en una causa que se inició por los comentarios ofensivos que recibió la directora de una escuela tras una publicación en el muro de Facebook de la tía de un alumno.

 

Molesta con la decisión de la directora de una escuela, una mujer que sentía que se había discriminado a su sobrino en un acto escolar, publicó en su red social de Facebook un comentario sobre el hecho.

 


Aunque éste no revestía mayor gravedad, las reacciones contra la directora fueron muy ofensivas. La nota fue compartida 243 veces, reaccionaron más de 550 personas y hasta pobladores de Monte Caseros (Corrientes) y Chajarí (Entre Ríos) realizaron comentarios agresivos.

 

La directiva acudió al Juzgado de Paz de Mocoretá donde inició una acción por daños y perjuicios por un monto de $70.000, además de solicitar que la mujer se rectificara o retractara por el mismo medio (Facebook).

 

Con respecto al caso, Podestá indicó que para intervenir, analizó la jurisprudencia existente. "Hay jurisprudencia local, de la doctora Lourdes Silvero del Juzgado Civil y Comercial de Esquina, que también resolvió en este sentido. También hay numerosos casos que hablan de la responsabilidad que hace a uno por lo comentarios con motivo de una publicación.", ejemplificó.



Si bien en la demanda se hablaba de $70.000, una vez llegada a la audiencia, quedó claro que lo que le interesaba a la demandante era la rectificación de la autora de la publicación y el pedido de disculpas.

 

"No llegamos a aplicar la jurisprudencia, en razón de que se llegó a un acuerdo dentro de la audiencia preliminar. Pero es útil para analizar en las audiencias con las partes, para que sepan donde están parados y qué se necesita para llegar a un acuerdo", dijo en este sentido Podestá.

 

"Obviamente, cada una de las partes piensa que su posición es la de la razón. Entonces, nosotros, con la jurisprudencia, con el relato del derecho que se les hace, los vamos ubicando en el contexto", agregó.

 

El Juez de Paz aclaró que los fallos dictados en este contexto solo afectan a las partes en disputa y no generan efecto para la sociedad en su conjunto. En cada caso particular, el resultado puede diferir, sobre todo si se logra alcanzar un acuerdo en la audiencia previa.

 

Hecha la aclaración, puntualizó: "Existe el derecho constitucional a la libre expresión y el de libretad de prensa, pero al mismo tiempo existen consecuencias. No se puede prohibir a alguien decir o publicar algo. Sin embargo, las publicaciones pueden tener concecuencias y el autor es responsable".

 

"Si la publicación genera un daño a al intimidad o la imágen de una persona, esas cuestiones tienen que ser resarcidas, ya que también se trata de un derecho constitucional", remarcó.

 

El doctor Luis Jorge Podestá, titular de la dependencia judicial, aplicó a esta causa el Protocolo de Oralidad que rige en Corrientes desde el 1º de junio del año pasado para los fueros civil y comercial, contencioso administrativo y laboral.

 

Sobre este último punto, resaltó que en razón de la oralidad del proceso, el caso pudo resolverse en menos de cuatro meses. En tiempos judiciales, fueron dos meses de trámites, ya que no se cuenta la feria.

 

"Pudimos resolver con dos meses de trámites y una audiencia un caso que podría haber tardado hasta cinco años por la via escrita", finalizó.