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Política: Rafael Correa aún no asumió la Presidencia de Ecuador, pero los legisladores de Álvaro Noboa ya anuncian acciones para deshacerse del gobierno progresista. Washington, por su parte, presionará por el lado comercial. El trabajo que le espera al presidente electo de Ecuador, Rafael Correa, no será fácil. A partir del próximo 15 de enero deberá sortear varios frentes de batalla, tanto a nivel nacional como internacional.
Uno de esos frentes opositores lo constituye el nuevo Congreso Nacional, que asumirá este viernes bajo el control del Partido Renovación Institucional Acción Nacional (PRIAN) –fundado por el magnate bananero Álvaro Noboa-, y el Partido Social Cristiano (PSC). Ambas fuerzas políticas obtuvieron un total de 41 bancas en las últimas elecciones y, luego de la derrota de Noboa, unificaron sus discursos y planes de acción para complicar la gobernabilidad de Correa. Desde hace varias semanas, diputados del PRIAN y el PSC repiten sin descanso que los ecuatorianos conocen la 'reforma política profunda' que pretende impulsar el Congreso unicameral, pero que aún no se sabe nada de la propuesta de Alianza País para la Asamblea Nacional Constituyente, en un intento por deslegitimar la consulta popular que impulsará el nuevo gobierno el mismo día de su asunción. Sin embargo, uno de los legisladores bananeros fue aún más lejos y planteó alternativas para una eventual destitución de Correa. En una entrevista publicada por el diario El Comercio de Quito, el diputado electo Francisco Pérez (PRIAN) consideró que la idea de una constituyente 'amenaza' la institucionalidad del país y reveló tres acciones que podrían llevarse a cabo para vencer 'la irracionalidad del Ejecutivo'. 'Una opción es que el Congreso no sesione en Quito, lo cual sería lamentable; otra, que el Congreso, ante la disolución que pretende el Presidente electo, discuta, en un momento determinado, la destitución del Presidente por violar la Constitución, y la tercera opción, desestimar la convocatoria a consulta popular y trabajar desde el 15 de enero en la reforma política', aseguró Pérez. Lo que la derecha y los sectores económicos reaccionarios definen como una 'irracionalidad del Ejecutivo' se trata, en realidad, de un acto de refundación institucional necesario, porque sin él será imposible introducir los cambios estructurales que esperan los ecuatorianos. Durante la campaña electoral, Correa lo explicó claramente: 'El 80 por ciento de lo que tiene que hacerse en el país no tiene que pasar por el Congreso; reconocemos que el Congreso es un foco de inestabilidad y de chantaje, por eso vamos a llamar a esa consulta popular para la Asamblea Nacional Constituyente'. Por ese mismo motivo, la postulación de Alianza País en los últimos comicios no incluyó candidaturas parlamentarias. Según informó el futuro secretario de la Política, Gustavo Larrea, la convocatoria para la consulta se realizará el próximo 15 de enero, a través de un decreto que Correa firmará en el acto de transmisión del mando. Ese mismo día se dará a conocer, además, el estatuto de la Asamblea, que regirá el método de elección de los constituyentes encargados de redactar una nueva Carta Magna. El acto contará con la presencia de diversos mandatarios de la región, invitados por el propio Correa en la gira que realizó por América del Sur tras su triunfo electoral. Algunos de estos presidentes ya confirmaron públicamente su asistencia, como Hugo Chávez (Venezuela), Evo Mortales (Bolivia), Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil), Nicanor Duarte Frutos (Paraguay) y Alan García (Perú). La fuerte presencia de líderes del Mercado Común del Sur (Mercosur) se debe a la decisión de Rafael Correa de sumarse al proceso de integración regional con premisas alejadas de la corriente neoliberal y contrarias a los tratados bilaterales de libre comercio que Estados Unidos trata de imponer sobre América Latina. Precisamente, Washington será otro de los frentes que Ecuador deberá vencer a lo largo de 2007. Las presiones para que el gobierno de Alianza País firme un TLC en las mismas condiciones que Perú y Colombia determinarán la política exterior norteamericana hacia el país. La Casa Blanca hará hincapié en la ratificación de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA), una norma de preferencias arancelarias que, a partir de julio, sólo será renovada periódicamente si existen avances en las negociaciones hacia un TLC con Estados Unidos. La frontera que Ecuador comparte con Colombia también funcionará como punto de desestabilización a favor del gobierno de George W. Bush. De hecho, las fumigaciones con glifosato que retomó la Policía Antinarcóticos de Colombia, por orden del presidente Álvaro Uribe, a mediados de diciembre pasado, fueron consideradas un acto de hostilidad contra los propios ecuatorianos y originaron un conflicto diplomático entre ambas naciones que aún no fue superado. De todas formas, Rafael Correa y su gabinete cuentan con dos armas a su favor que serán fundamentales para sortear los desafíos que se les presenten a lo largo del año. Por un lado, una base amplia de apoyo popular que se consolidó con el triunfo electoral del 26 de noviembre y que fue ratificada por algunas encuestas de opinión pública. Estos sondeos hablan de un respaldo que supera el 50 por ciento de la ciudadanía, sobre todo por las expectativas que genera la futura administración. Habrá que ver qué respuesta obtiene finalmente la consulta popular por la Asamblea Constituyente, aunque ya se estima que será favorable al gobierno. Y por otra parte, Correa logró construir una suerte de alianza regional que se irá profundizando con su eventual ingreso al Mercosur y las propuestas para profundizar la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Su perspectiva integradora será un sostén importante que le permitirá proyectar los cambios ecuatorianos más allá de sus propias fronteras.
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