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Policiales: Familiares de víctimas del gatillo fácil y distintas organizaciones sociales marcharon la semana pasada en Buenos Aires, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, frente al la sede del Poder Ejecutivo, pidiendo justicia por los asesinatos de sus hijos.
Entre los que marcharon, se encontraban familiares y amigos de Walter Bulacio, el chico de 17 años asesinado en una comisaría, luego de ser arrestado en las adyacencias del estadio Obras Sanitarias, en 1991.En Buenos Aires, se movilizaron familiares de víctimas del "gatillo fácil", en contra de la impunidad y por el esclarecimiento de los asesinatos de sus hijos. El 26 de abril, se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del joven Bulacio. Para los familiares significan 15 años de impunidad, al igual que para los demás parientes de víctimas del gatillo fácil en la Argentina, que desde 1983 hasta la actualidad llegan a la suma de 1900, entre jóvenes detenidos, torturados y muertos. Diferentes agrupaciones convocaron a la marcha a los estudiantes secundarios y a sus respectivos centros estudiantiles para que las acompañen a pedir justicia por las víctimas de la violencia policial y la represión en democracia. La convocatoria general provino de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), bajo la consigna “Por Walter y por todos”. De esta manera, las diferentes agrupaciones sociales, amigos de la víctima y familiares marcharon por las calles céntricas de Buenos Aires. El 19 de abril de 1991, en las inmediaciones del estadio de Obras Sanitarias, en la antesala de un recital de la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, personal policial aplicado a la seguridad del evento detuvo aproximadamente a unas 130 personas. Entre ellas se encontraba Walter Bulacio. Los testigos declararon “los chicos fueron llevados a la comisaría mediante golpes”. Walter Bulacio fue trasladado de la comisaría a distintos centros de salud. El día 26 de abril, Bulacio murió a causa de una aneurisma. Todos los testigos que presenciaron la detención de Bulacio afirman que se encontraba en perfecto estado cuando hacía la cola para entrar al recital. A partir de aquel día, nacería un nuevo canto y mito que se haría presente no solamente en los conciertos de rock: “Yo sabía, yo sabía, que a Bulacio, lo mató la policía”. Si bien al día de hoy el hecho no se ha esclarecido, en febrero de 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde firmó un decreto aceptando una "solución amistosa" con la familia de la víctima. La solución incluía un reconocimiento formal de la responsabilidad de la Policía Federal en lo ocurrido en 1991. Cada 19 de Abril se lleva a cabo una marcha multitudinaria entre familiares y amigos de la víctima para pedir justicia y que el hecho no permanezca en la impunidad. Un dato que puede erizar la piel de cualquier persona y demuestra aún más la inoperancia política y judicial en el caso es que el ex comisario Miguel Angel Espósito, encargado del operativo de aquel 19 de abril en el Estadio Obras, y de la tortura seguida de muerte de Walter Bulacio, a pesar de estar procesado, permaneció en la fuerza policial, aumentó con el transcurso del tiempo las estrellas en la solapa de su uniforme, y terminó su carrera siendo profesor en la Escuela de Oficiales Ramón L. Falcón. El caso llegó y en 1996 la querella pidió 6 años de cárcel para Espósito. Allí se detuvo el trámite. Una vez abierta la investigación se detectaron varias idas y vueltas sin resultados concretos. En el caso intervinieron 36 jueces, declararon más de 200 testigos y se labraron 2.100 fojas, que resultaron ineficaces para la condena de los responsables. El ex comisario Miguel Angel Espósito llegó a ser detenido en 1994 por el delito de privación ilegítima de la libertad pero fue rápidamente liberado. En noviembre de 2002, la Sala VI de la Cámara del Crimen terminó de sobreseerlo. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual la familia Bulacio planteó tres exigencias.: “que el Estado argentino reconozca su responsabilidad y ofrezca sus disculpas; que dé garantías de que modificará las leyes referidas a detenciones policiales consideradas arbitrarias, como la de averiguación de antecedentes, y un resarcimiento económico por los daños causados”.
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