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El canciller expuso en la Comisión de Relaciones Exteriores las razones del gobierno argentino para llevar a la Corte Internacional el conflicto con Uruguay por las papeleras. La oposición propuso la conformación de una comisión binacional para buscar un acuerdo. En una extensa y pormenorizada exposición, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, fundamentó en el Congreso la decisión del Gobierno de acudir a la Corte Internacional de La Haya en el conflicto con Uruguay por la instalación de las papeleras y acusó en duros términos a ese país de haber generado la controversia. “Uruguay violó el tratado bilateral con Argentina vigente desde 1975 que tiene por objeto preservar la calidad de las aguas (del río Uruguay), y violó preceptos básicos del derecho ambiental poniendo en riesgo a la población”, afirmó Taiana en una concurrida reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Al tiempo que ratificó que se trata de “un tema de alta exposición pública que afecta intereses de la Nación en su conjunto”, su antecesor en el cargo, Rafael Bielsa, defendió su gestión y desmintió en forma enfática que hubiera existido un acuerdo con Uruguay sobre el asunto. Cuando los diputados del ARI Carlos Raimundi y Eduardo Macaluse le recordaron que así lo había informado en su momento el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el ex canciller admitió que se trató de un “error” (ver aparte). Las intervenciones de la oposición coincidieron en que el Gobierno tuvo una posición “ambivalente” a lo largo del conflicto. También sostuvieron la necesidad de bajar los decibeles del conflicto, agotando las negociaciones con el país vecino, incluso por vías alternativas a la gubernamental, antes de acudir a La Haya. A las 17, puntual, Taiana acudió al segundo piso del edificio anexo, convocado por la comisión que preside Jorge Argüello para dar los argumentos a favor de la aprobación por parte de la Cámara baja del proyecto de declaración que apoya la resolución del Ejecutivo de acudir a la Corte Internacional “en caso de resultar necesario”. Antes de comenzar, Argüello aclaró que no emitirán dictamen “hasta no escuchar a todas las voces involucradas”. Para hoy está prevista la presencia de organizaciones ambientalistas y vecinos de Gualeguaychú y mañana la del gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti. “La instalación de las plantas, cuya construcción avanza, es la evidencia tangible de nuestra frustración. Esto no nos alegra, somos países hermanos, pero nuestro país se ve obligado a ir a la Corte Internacional porque fue frustrado el cumplimiento del esquema de protección del río”, expresó Taiana al aludir a los 180 días de plazo que ya transcurrieron desde que el GTAN, un grupo de alto nivel de expertos gubernamentales y académicos con representantes de la asamblea de Gualeguaychú, concluyó que las plantas de Ence y Botnia no preservarán el ecosistema. El recurso ante La Haya “no debe verse como algo extraordinario, no hace a la integración con nuestros socios del Mercosur”, afirmó el canciller en su largo discurso. Antes había descripto que desde fines de 2002 Argentina supo “informalmente” sobre la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos, sobre la costa oriental del río Uruguay. En esa instancia, Argentina pidió a la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU) información al respecto. A fines de 2003 la confirmación del proyecto fue oficial, y a partir de entonces, según el relato de Taiana, fueron infructuosos todos los intentos de Argentina para obtener datos concretos sobre la iniciativa de la Empresa Nacional Celulósica de España (Ence). El canciller aseguró que la autorización uruguaya a Ence se hizo “sin consulta previa al gobierno argentino, violando un requisito del estatuto de Río de Janeiro”. Según recordó, el ex presidente uruguayo Jorge Batlle se había comprometido a no dar autorización a la construcción de las plantas sin aportar la información a Argentina. Taiana enumeró un segundo incumplimiento por parte de Uruguay, en febrero de 2005, con la autorización para la creación de una segunda planta, a manos de la finlandesa Botnia. Y el tercero fue el permiso “unilateral” para la construcción de un puerto para esa empresa. El 14 de diciembre de 2005, Argentina envió una nota que deja constancia de la existencia de la controversia entre ambos países, y en base al estatuto del Río Uruguay está habilitada a acceder a la jurisdicción de la Corte Internacional. El canciller destacó que ambas plantas producen más del doble de la producción anual argentina de pasta de celulosa. “El Gobierno se hace eco de los habitantes de la provincia de Entre Ríos”, concluyó. Opositores disconformes En contraposición con la idea oficial de convertir el conflicto en una “causa nacional” en la cual Uruguay se transforma en un oponente, los diputados del ARI expresaron que el asunto debiera ser encuadrado como una demanda de la sociedad civil de ambos pueblos contra las empresas transnacionales y no llegar a la confrontación entre Estados. Tras mencionar que “el Gobierno antes hablaba de una mera cuestión ambiental” y que fue “el pueblo de Entre Ríos” el que “transformó el tema en causa nacional”, el radical Federico Storani preguntó si la Cancillería había estimado cuánto tiempo podría demorar la resolución del tema en La Haya, donde los litigios tardan varios años en resolverse. “El tema puede quedar abstracto porque aunque nos den la razón las plantas van a estar funcionando”, especuló. Y quiso saber si no se había estudiado la posibilidad de una medida cautelar que frene la construcción. En sintonía con los socialistas de Hermes Binner, Storani propuso la creación de una comisión bicameral y binacional que en un plazo de 90 días aborde el tema, “sin sustituir al Poder Ejecutivo”, y teniendo en cuenta los antecedentes exitosos de la “diplomacia parlamentaria en el diferendo por los Hielos Continentales” con Chile. Aunque en veredas opuestas, Federico Pinedo (PRO) y Carlos Ru-ckauf (enfático defensor de la posición oficial en este asunto) coincidieron con los diputados de Entre Ríos en que los argumentos que se estaban haciendo públicos en la reunión de comisión de ayer podían “perjudicar el interés nacional” al ser utilizados para favorecer a Uruguay. En ese momento, un diputado kirchnerista no pudo evitar comentar por lo bajo: “¡Qué novedoso, un liberal hablando de intereses nacionales!”. Por su parte, el presidente del bloque radical, Fernando Chironi, concluyó que “si sabía todo esto, el Gobierno se durmió”. Sin embargo, no adelantó cómo votarán en el recinto. Los radicales entrerrianos quieren acudir a La Haya. Por Adriana Meyer Pagina12
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