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Policiales: La policía impidió el paso a un grupo que ayer trató de ingresar en los terrenos privados. Un concejal de la Capital denunció la presencia en el lugar de camionetas de la Municipalidad. La Justicia ordenaría el desalojo.
La policía provincial frenó ayer el ingreso de más personas que intentaron sumarse a la toma de los terrenos privados en el barrio Pirayuí, mientras que al anochecer hubo incidentes cuando vecinos del barrio 550 viviendas, que se oponen a la usurpación, quisieron frenar a desconocidos que trasladaban colchones en un vehículo. Esto ocurrió ayer cuando se esperaba que la jueza de la causa, Gabriela Aromí de Sommer, dispusiera una orden de desalojo del lugar que es ocupado por unas 300 familias. Fuentes policiales confirmaron a La República que la fuerza de seguridad pudo dispersar pacíficamente a una veintena de personas que no participaron de la toma de los terrenos concretada el fin de semana, y que llegaron ayer por la mañana para sumarse a los ocupantes ilegales, con la ilusión y la posibilidad concreta de contar con una vivienda propia. En tanto, a las 20.15, llegaron al lugar tres personas en un automóvil Gol color gris y bajaron colchones. Según fuentes de la investigación, en ese momento llegaron vecinos del barrio 550 viviendas que se oponen a la toma y los increparon. En medio de ese momento de tensión, pudo verse a personas armadas, según relataron algunos vecinos. Los hombres del auto gris decidieron retirarse porque justo en ese momento había llegado a la zona un patrullero de la policía. Por otra parte, y para sumar más inquietudes al hecho, ayer por la tarde, el concejal radical José Ramírez Alegre afirmó en declaraciones al programa La Revista AM que “se vieron camionetas de la Municipalidad (de Corrientes) en el lugar”. Agregó que se pudo ver el número de patente y la identificación de los vehículos. “Con eso se podría avanzar en la investigación”, dijo el concejal. La policía permanece en el lugar, porque rige una decisión cautelar de la jueza Aromí dictada el martes para evitar que se sumen más personas a la toma e impedir que los que ya están en los predios, comiencen a construir. Mientras tanto, se presume que la magistrada podría ordenar el desalojo del lugar al cumplir con los pasos que siguen en las investigación que lleva adelante el fiscal Buenaventura Duarte. Los terrenos pertenecen a dos empresas del rubro inmobiliario que realizaron la denuncia penal por usurpación durante el fin de semana, cuando se produjo una movilización masiva de personas hasta esos baldíos en el barrio Pirayuí. Para el fiscal, está claro que la toma no se produjo de manera espontánea, sino que hubo una organización previa que quedó plasmada en la forma en la que se llevó adelante la usurpación. En masa, los okupas aparecieron en los terrenos y comenzaron a improvisar un loteo para dividirse las parcelas de tierra entre los grupos familiares.
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